A continuación publicamos la siguiente carta remitida por la asociación de vecinos del Val:

Desde la Asociación de Vecinos “EL VAL” solicitamos al Ministerio de Fomento que dado el poco uso que ya entonces tenía la autopista de peaje R-2, ésta se convirtiera en la nueva circunvalación a su paso por la ciudad.

Esta radial fue inaugurada, con las demás, en 2003 bajo un modelo de construcción y gestión que, como se preveía y se ha acabado demostrando, beneficiaba enormemente a las concesionarias privadas. Para justificar este modelo el Gobierno asumió el cálculo de la concesionaria de que el volumen de tráfico que captaría esta carretera sería de 30.000 vehículos diarios. La tozuda realidad, ya previsible entonces, fue que en el momento de mayor uso (2007) circulaban por ella 11.034 vehículos al día; y entre enero y abril de 2013 el tráfico medio diario fue de 4.672 vehículos (https://www.eldiario.es/economia/posible-llegado-quiebra-autopistas_0_515498656.html), un 84,43% inferior. Una circunstancia similar ocurrió con el resto de radiales.

En febrero del 2018 el Gobierno de España aprobó el “rescate” de todas las radiales que se encontraban en quiebra, declaradas insolventes y en concurso de acreedores. De este modo el Estado, a través de la sociedad pública SEITSA, asumiremos las pérdidas con la posibilidad nada descartable de que, una vez saneadas con dinero público, vuelvan a cederse con un modelo de gestión privado similar al anterior, incluso a las mismas empresas que formaron las concesionarias. Este “rescate” se basa en la Responsabilidad Patrimonial del Estado, es decir, que si el negocio no sale bien ya nos encargamos de pagarlo entre todos. El coste que nos va a suponer se estima en unos ¡2.000 millones de euros! (488 millones para la R-2), y puede afectar al déficit público acordado con Bruselas, tan intocable cuando se trata de invertir en derechos sociales.

Ante esta circunstancia, y dado que el rescate de las radiales lo vamos a asumir los ciudadanos, surge de nuevo la oportunidad de eliminar el peaje en la R-2 y concebirla como una verdadera circunvalación de la ciudad.

La ilegalidad de una travesía (la A-2) que no respeta los derechos al medio ambiente por la contaminación acústica y del aire, nos convierte en ciudadanos sin derechos. No se hacen públicos estudios estadísticos o informes de impacto que las leyes exigen.

Lo que sí queremos que quede claro es que en caso de que se quede como circunvalación, no sea excusa para urbanizar el espacio que queda del término municipal entre la R-2 y la A-2. Alcalá no necesita más urbanismo, no necesita crecer más, lo que sí necesita son menos coches y más espacios libres, tanto para sus habitantes como para la fauna de su término, como la avutarda y el sisón, que están disminuyendo en la Comunidad de Madrid.

Hay que ir viendo cómo se disminuye el parque automovilístico en todos los sentidos, no dando más ventajas al vehículo privado y sí a al transporte público y al no contaminante como la bicicleta.

En caso que se quede de peaje, que sea de gestión pública y no privada. Ya hemos visto el resultado.

En el caso del transporte, también debe aplicarse la Directiva 2004/35/CE: “quien contamina paga”. ¿Quién paga el daño que está haciendo el glifosato, que echan en las cunetas de las carreteras, a los insectos polinizadores y a las aguas superficiales y por tanto a al medioambiente en general que nos afecta a todos? Recordamos que el Artículo 45 de la Constitución, es de obligado cumplimiento.

En nombre de la Junta Directiva de la AVV “El Val” de Alcalá de Henares (Madrid), reciba un cordial saludo.

Alcalá de Henares, 28 de mayo de 2018

Anuncios