Según informó el Diario el País en su edición de ayer, la Fiscalía ha pedido apertura de juicio oral y penas de un año y nueve meses – además de una multa de quince euros diarios durante quince meses-, para Marcelo Isoldi Barbeito y Javier Fernández Abad, concejales de obras y movilidad durante la anterior legislatura, y en el caso de Isoldi actual concejal de la oposición.

La fiscalía considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación ambiental. Al parecer la antigua estación de autobuses de la calle Brihuega no contaría con las autorizaciones necesarias para su funcionamiento como estación de autobuese – la estación entró en funcionamiento en 1990-, circunstancia de la que los concejales fueron puestos en conocimiento en 2012.

Pese a haber tenido conocimiento de estas circunstancias, la fiscalía considera que los concejales no habrían adoptado las medidas necesarias para la legalización de la estación, o en su caso clausura, de ahí la prevaricación medio ambiental considerada por la fiscalía. Los Concejales justifican sus actuaciones en que es el Consorcio Regional de Transportes el titular de las competencias sobre la estación.

 

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