Diario El Mundo

El rotativo el Mundo recoge el siguiente artículo en su edición de hoy:

La Fiscalía denuncia a cuatro concejales de Somos Alcalá, marca local de Podemos al considerar que hay indicios de que manipularon un concurso público para subvencionar a entidades con «vinculación directa» con la formación

Un edil de Podemos en Alcalá admite que colectivos subvencionados por el Ayuntamiento “contratan” a personas afines a su partido

La Fiscalía de Área de Alcalá de Henares ha denunciado por prevaricación administrativa a cuatro concejales de Somos Alcalá, la marca local de Podemos, por conceder en 2016 subvenciones para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro «vinculadas directamente» a estos cuatro ediles, que forman parte del equipo de Gobierno junto a PSOE e Izquierda Unida.

La decisión de la Fiscalía se produce a raíz de la denuncia presentada por el grupo municipal del PP, que remitió un informe a la Fiscalía Anticorrupción denunciando la presunta manipulación de la convocatoria de subvenciones, ya que las cinco entidades que obtuvieron la máxima puntuación en el concurso -se presentaron 33-, y por ello la subvención, tienen relación directa con la formación local de Podemos.

En un escrito fechado el 15 de noviembre y al que ha tenido acceso este diario, la fiscal jefe informa que, tras practicarse las diligencias oportunas tanto por parte del secretario y el interventor de la corporación municipal, como por el director general de la Administración local de la Comunidad de Madrid, se hallaron indicios de delito.

Por ello presenta una denuncia para esclarecer los hechos, que se remontan a julio de 2016, cuando se realizó la convocatoria de las subvenciones para que las entidades desarrollasen proyectos de impacto social. Tal y como se recogía en la denuncia, en la comisión evaluadora de aquel proceso participaron cuatro técnicos, una asesora jurídica y los cuatro ediles de Podemos, la edil de Participación y Distritos, Laura Martín; el portavoz del grupo y edil de Acción Social, Jesús Abad; Brianda Yáñez, edil de Transparencia e Innovación; y Alberto Egido, edil de Medio Ambiente.

Los cuatro son contra los que la Fiscalía interpone ahora la denuncia basándose, según el acta de la votación de la Comisión Evaluadora, en que ninguno de los concejales se abstuvo en las votaciones, pese a que el artículo 23 de la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, obliga a abstenerse en una decisión si hay un interés personal en la resolución o si hay amistad íntima con los afectados. Además, un informe de Intervención Municipal posterior puso en cuestión por irregularidades el procedimiento usado para la puntuación.

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