Podemos de Alcalá de Henares trajo el pasado jueves a nuestra ciudad el debate sobre el polémico proyecto de ley de suelo que impulsa el gobierno de Cristina Cifuentes en el Parlamento regional. Para ello organizó un acto con la parlamentaria regional Laura Díaz, que está siguiendo el proceso en la Asamblea de Madrid, y Olga García, concejala de Somos Alcalá con la responsabilidad  de Vivienda e Infraestructuras en el gobierno municipal.

Laura Díaz planteó que siendo una ley que es necesaria, pues han pasado 17 años de la promulgación de la anterior, no tiene que ser como la que está proponiendo el PP. El propio proceso que ha tenido la propuesta de ley en el parlamento regional ha tenido restringida la información y la participación a los actores sociales y colectivos implicados. Incluso eliminando la información pública con retorcimientos legales.

Y es que según Podemos, la ley del suelo empeora las leyes anteriores de Esperanza Aguirre. Por un lado busca exprimir las oportunidades de sacar plusvalías de los suelos, ya no construyendo más si no desplazando la especulación a los núcleos urbanizados. Esto incluye la desprotección del Patrimonio Histórico urbano, lo cual pone en riesgo zonas históricas como es el caso de Alcalá de Henares. El gobierno de Cifuentes elimina también las protecciones al medio natural para que pueda urbanizarse prácticamente cualquier espacio natural para usos terciarios o comerciales.

Según Podemos, en la línea de las políticas antisociales y de favorecer al mercado por encima de las personas, esta ley del suelo no contempla la obligación de cesión de suelo a la Comunidad de Madrid con destino a la construcción de vivienda pública social. Además suprime las reservas de suelo existentes obtenidas con la Ley del Suelo vigente. Una ley antisocial, pues ignora la situación  de emergencia habitacional existente en la Comunidad de Madrid. Otra de las amenazas latentes de la propuesta de ley es la pretensión de regularizar construcciones ilegales declarándolas como suelo público, lo cual obliga a dotar de servicios (alumbrado, alcantarillado, viales…) a los ayuntamientos, lo que, a su vez, puede poner en peligro la estabilidad financiera de los ayuntamientos al no ofrecer la Comunidad de Madrid ingresos para ello.

 

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