Transcurridos 38 años desde la entrada en vigor de la Constitución se ha abierto el debate sobre la necesidad de su reforma. El constitucionalismo español, que nació a principios del siglo XIX, muy cercano en el tiempo a grandes movimientos de la época, la independencia de los EE.UU o la revolución francesa. Fue el Estatuto de Bayona (1808) impuesto por el invasor francés, el primer texto que recogía aspectos constitucionales y que refleja modernidad, denotando la presencia de hombres ilustrados en su redacción.

Será la Constitución de Cádiz de 1812 la que personalizó los avances importantes en el aspecto económico, presupuesto, tesoro, fiscalidad ajena a la corona así como organización administrativa, la creación de un ejercito regular, ayuntamientos etc.

A lo largo del siglo XIX el constitucionalismo se desarrolló en nuestro país al ritmo que marcan los cambios políticos, siendo la Constitución Canovista de 1876 la de más larga duración en el tiempo, tuvo vigencia hasta 1923 (45 años).

Si nos detenemos en las constituciones republicanas. La de 1873 recogía en su art 92: “Los Estados tienen completa autonomía económico-administrativa y toda la autonomía política compatible con la existencia de la Nación”, mientras que la Constitución de 1931 hablaba en su art.11 de “región autónoma” bajo el principio “Dispositivo”, establece que se podrán constituir en región autonoma, pero no define a priori quienes son.

La Constitución de 1978, fruto del consenso, que si bien no lo fue en sus primeros pasos, pues se imponia el rodillo UCD y AP en las votaciones, finalmente se impuso como criterio.

Se diseño un complejo procedimiento de reforma contenido en los arts. 166 al 169, y que supone en la práctica, un ejercicio complejo y difícil sin la concurrencia de un amplio consenso.

No me atrevo a aventurar si estamos ante el mejor momento para plantear la reforma de la Constitución, ¿Pero qué debemos reformar?

Actualmente se habla de “Régimen del 78” de forma peyorativa, lo que además de ser inadecuado, lo considero una injusticia hacia la importante labor desarrollada en los días de la transición, en un acto único e internacionalmente admirado como fue que derechas e izquierdas fueran capaces de superar un doloroso pasado para crear un país moderno y reconciliado, hazaña que en los últimos tiempos amigos del frentismo se empeñan en arruinar.

España hoy es un país plenamente integrado en las Instituciones Europeas (en el año 78 no existia la Unión Europea como sucede hoy, pues era la CEE), no eramos miebros de la OTAN, el mundo no estaba tan glovalizado con todos los inconvenientes y oportunidades que ello ofrece, pero ¿acaso estamos en mejor posición para abrir este debate y asegurar una sensible mejora en nuestra calidad de vida?.

Por eso es preciso centrarnos a la hora de determinar ¿qué es lo que hay qué reformar, y cómo?, convendría recordar que el presidente Aznar por la via de ley ordinaria modificó en la práctica el art. 30 de la Constitución al suprimir el servicio militar obligatorio. En consecuencia, ¿debemos entrar en una reforma o más aun, redacción de un texto nuevo, cuando por vía legislativa común podemos resolver algunas necesidades de actualización?.

Además, ¿qué sería mejor un texto largo y farragoso (tipo Estatut catalán) muy pormenorizado y fuente de interpretación jurídica continua?, o tal vez ¿será mejor acudir al modelo EEUU y redactar un texto breve comprensibo de aquellos principios que nos unen y definen como nación y sociedad, para dejar su desarrollo en leyes posteriores? (la Constitución americana de 1787 consta de seis artículos y 27 enmiendas en mas de 200 años de vida).

Se me ocurren algunas materias para reforma tales como:

El Congreso de los diputados que lejos del papel legislativo que le había sido reservado por los padres constituyentes se ha convertido en una cámara de representación territorial antes que nacional, y el Senado es una simple cámara de representación provincial. El PSOE se empeña en una reforma federal y asimetrica, parecen olvidar que el sistema federal es una herramienta útil para unir a quienes están separados, pero ¿mantendran unidos a los ya unidos?, además los unionistas no aceptan los privilegios y los separatistas quieren ser diferentes, pretenden “su nación” no “La Nación”.

Cataluña lleva 20 años creando estructuras separadas de España, teniendo únicamente como asunto pendiente su estructura de financiación, privilegio con el que cuentan el País Vasco y Navarra debido a su estructura de Diputación Foral y el “cupo vasco”.

Tenemos ejemplos de estados Federales con un funcionamiento contrastado: EE.UU, Canadá, Suiza o Alemania. Ninguno de ellos se adaptaría a nuestra situación, bien por cultura, o bien por tamaño. Se pone mucho el acento en el modelo federal alemán, pero ¿sabemos que “su Senado” el Bundesrat, no es elegido por los ciudadanos?, son los propios  Lander quienes nombran entre 2 y 6 miembros en función de la población, además su sistema de competencias esta bastante clarificado, no como en el caso español, donde entre el texto de la Constitución y las sentencias contradictorias del Tribunal Constitucional, poco ayudan a clarificar la situación.

Los alemanes distinguen entre competencias del Estado Federal, de los Lander y compartidas, pero entendiendo que cuando el Estado Federal legisla sobre una de estas materias, decae cualquier norma del Lander en claro reconocimiento de la supremacía de la norma nacional frente a la territorial.

Por último, no olvidar que en Alemania no existe el “hecho diferencial” que premanentemente se aduce en España.

Otras posibles reformas serían desde el ya citado Tribunal Constitucional, el Poder Judicial (del que se olvida que no deja de ser un servicio público y sus miembros servidores publicos y no castas sacerdotales).

Los “aforamientos”, institución medieval, que entonces tenia todo su sentido pero que hoy merece una reflexión, (una cosa era proteger a un Procurador en Cortes de la arbitrariedad de unos alguaciles o del señor territorial y otra que a un Senador investigado por conducir bebido, sea juzgado por el Tribunal Supremo).

También precisa una reflexión: el sistema electoral y la representación, ¿debe seguir siendo la provincia la circuscripción electoral? ¿se deben mantener listas cerradas o por el contrario deben, como mantiene García Trevijano, determinar un candidato por circunscripción? y el más votado se lleva todo, acorde con nuestra tradición canovista (ciertamente entonces existia la figura del “Cacique”, pero el cacique era persona conocida y reconocida que se pagaba con sus cuartos la elección, hoy son personas de relevancia discutible y la campaña se la pagamos entre todos.

Nuiestro sistema electoral nos reduce a elegir dentro de unas listas cerradas a unos candidatos poco conocidos para el elector. La “partitocracia” supone una deficiente separación de poderes, una baja calidad democrática, sin hablar de que las elecciones se han convertido en una suerte de plebiscito hacia la figura del lider y en las que el diputado es relegado al aplauso y voto coherente con su parrtido.

La autonomía local, con su crónica escasez de recursos financieros y su indefinición de funciones al confundirse y concurrir con otras administraciones territoriales, sería otro de los aspectos sobre los que la actual Constitución requiere un debate.

Considero muy importante el tratamiento de la Iniciativa Legislativa Popular, en la actualidad requiere 500.000 firmas, haciéndolo poco viable, sería razonable hacerlo más factible y siguiendo el modelo Suizo, establecer que aquellas proposiciones que no lograsen ser aprobadas en las Cortes, fuesen sometidas a referéndum, lo que obligaría a los partidos políticos a un mayor esmero y esfuerzo en negociar y alcanzar pactos, pues mal negocio sería rechazar una propuesta popular y que luego fuera aprobada en referéndum.

Que decir de la financiación de los agentes sociales y de los partidos políticos, en la actualidad estructurados al amparo de la financiación pública.

Es también necesario llegar a una solución con visos de permanencia de un modelo educativo consensuado y coherente.

Me despido con una alusión al Sistema Tributario (el actual procede de 1976, obra de Fernández Ordoñez), ciertamente con continuas reformas y modificaciones, que nos venden como necesarias pero que se traducen en perjuicios para el tejido empresarial, no olvidemos que España es mayoritariamente PYMES y de una sufrida clase media, auténtico sosten de una sociedad avanzada y maltratada siempre que hay ocasión para ello, ya que bajo el lema “hacienda somos todos”, encontramos muchos desajustes.

El actual sistema no permite una clara corresponsabilidad fiscal ni de las CCAA ni de los Ayuntamientos, que en muchos casos se han convertido en enfermos crónicos de anemia financiera, favorece una esructura pública desproporcionada y cada dia más alejada de la eficiencia y además, las numerosas reformas olvidan por sistema el principio de “seguridad jurídica”, pues empresarios y ciudadanos tenemos derecho a planificarnos fiscalmente sin someternos a los cambios oportunistas del ministro de turno.

Luis Vargas Méndez es abogado.

Diciembre de 2016.

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