El auto determina que el entonces alcalde de Alcalá actuó conforme a derecho. Los populares lamentan el uso político de este caso por quienes no han respetado el derecho a la presunción de inocencia y espera la reparación del perjuicio a la imagen personal y política del exalcalde y expresidente del PP complutense.

La Juez del Juzgado de Instrucción nº 6 de Alcalá ha dictado Auto de sobreseimiento y archivo de las diligencias que se abrieron para investigar la gestión de la publicidad institucional del Ayuntamiento de Alcalá de Henares entre los meses de abril y julio de 2013, causa en la UPyD se presentó como acusación particular. El auto dictado con fecha 4 de noviembre de 2016 se produce tras la práctica de toda una serie de diligencias que han venido a significar la absoluta legalidad del procedimiento de contratación y pago de los servicios de publicidad institucional durante el periodo investigado.

La decisión de la juez coincide con la petición que realizó la defensa de Javier Bello, quien en su condición de alcalde de Alcalá en el momento de los hechos, tuvo que declarar como investigado. Bello, que dejó la vida política hace un año, sostuvo en todo momento la legalidad de la contratación de la publicidad institucional del Ayuntamiento complutense, tal y como ahora ha determinado la juez.

Según una nota de prensa difundida por los populares complutenses, cabe destacar, como expresamente se indica en el auto, la legalidad del procedimiento de convalidación del gasto, para el que había crédito adecuado y suficiente, por parte del Pleno del Ayuntamiento, en ejercicio de las propias bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio 2013; se indica, igualmente, que dicho procedimiento de convalidación es un procedimiento que suelen utilizar las Entidades Locales. De las muchas diligencias practicadas, especialmente significativo ha sido el criterio aportado por el Tribunal de Cuentas, que siempre significó la inexistencia de cualquier perjuicio a los fondos públicos que generase responsabilidad contable. Por tanto, entiende la Juez que no existe resolución ilegal o arbitraria; muy al contrario, destaca como siquiera el investigado podría tener sospecha alguna de una irregularidad que se denota inexistente.

Los populares se felicitan de que la justicia corrobore que la actuación de Javier Bello y del equipo de gobierno del PP fue conforme a derecho. También muestran la máxima exigencia en cuanto a la asunción de responsabilidades, y lamentan el uso político de esta denuncia por quienes no respetaron el derecho a la presunción de inocencia. Los populares también consideran que es exigible el máximo resarcimiento del perjuicio causado a la persona y la imagen pública de, en este caso, Javier Bello, ex alcalde y ex presidente del PP de Alcalá, una vez que ha quedado fuera de duda su honorabilidad.