El Partido Popular votó en contra del IBI, Impuesto de Bienes Inmuebles, defendido por el gobierno tripartito que preside el socialista Rodríguez Palacios. Las Ordenanzas Fiscales 2017 “consolidan el mazazo a pequeños empresarios y comerciantes de Alcalá, que han llegado a pagar el doble, y establecen nuevas subidas en el ICIO y la Plusvalía”, manifestó el portavoz del Grupo Popular, Víctor Chacón.

Durante el Pleno para la aprobación de las Ordenanzas Fiscales, la edil del PP Emma Castelló apuntó que con los tipos diferenciados aplicados ya este año “el incremento del recibo de IBI de comercios y oficinas ha sido del 86% y empresas de tamaño mediano han pagado un 74% más”.

Por ello, el Grupo Popular presentó una enmienda que no fue admitida pero que solicitaba volver al tipo unificado del 0’43% que ya se aplicó durante los gobiernos del PP, porque subir los impuestos “no es la forma de atraer inversiones y generar empleo”. “El tejido empresarial no sólo lo componen grandes empresas” y este incremento impositivo complica la ya de por sí difícil situación “de autónomos y micropymes de Alcalá”, explicó Castelló.

La edil popular puso de manifiesto la contradicción entre las Ordenanzas Fiscales presentadas por el tripartito y el ‘Acuerdo de Propuesta de Cambio’ que pactaron, en el que se recogía que iban a mantener los tipos impositivos del IAE, el ICIO y el Impuesto de Tracción Mecánica de Vehículos; vistas las subidas aplicadas, es evidente “la discrepancia entre ese acuerdo y lo de verdad presentado y aprobado”, insistió Emma Castelló.

El PP presentó además alegaciones encaminadas a la rebaja de la propuesta del gobierno respecto Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), a recuperar la bonificación a familias numerosas por rehabilitación de vivienda habitual  -eliminada por el gobierno que preside el socialista Rodríguez Palacios- y a bonificaciones en el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalías).

La única enmienda de la oposición aprobada fue la que presentó el Partido Popular relativa al cobro por la expedición de documentos, sobre la que el Grupo Popular expresó dudas acerca de si es compatible con el régimen de acceso a la información pública. Por ello, el PP solicitó –y así se hará- un estudio jurídico al respecto.