El Pleno Municipal ha aprobado hoy el proyecto de Ordenanzas Fiscales y Generales de Precios Públicos para el año 2017.

El concejal de Hacienda, Fernando Fernández Lara, ha presentado el proyecto de Ordenanzas Fiscales. El concejal ha subrayado que la idea de este equipo de gobierno es que los impuestos tengan un retorno social basado en buenos servicios públicos. Además, el edil ha explicado que “los impuestos tienen que ser justos, proporcionales y progresivos”.

Por segundo año consecutivo, no va a haber subida de impuestos en el IBI (Impuesto sobre los Bienes Inmuebles), para los vecinos de Alcalá de Henares, ni en el tramo general ni, en este ejercicio, en los tipos diferenciados. Tampoco sube el impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el conocido como “numerito del coche”.

Los impuestos y las tasas públicas sirven para favorecer que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a los mismos servicios.

Fernández Lara afirmó que “si no se producen grandes cambios respecto al año pasado es porque el equipo de gobierno ha hecho los deberes durante este ejercicio. Las medidas que nos vimos obligados a tomar nada más llegar al gobierno van consiguiendo sus objetivos de reducción del déficit y de sostenibilidad financiera para atender los servicios públicos”.

El equipo de gobierno trabaja para mejorar los ingresos sin subir los impuestos a los vecinos y vecinas para atender, entre otros aspectos, la inversión que se dedicará durante los próximos años al Plan PRISMA y a los fondos europeos del programa EDUSI, que supondrán una inversión para la ciudad de, aproximadamente, 30 millones de euros de los cuales 10 millones de euros deberán ser aportados por el Ayuntamiento.

Como principal novedad de las Ordenanzas Fiscales para 2017, el equipo de gobierno ha planteado “un ligero incremento en el sector de la construcción (ICIO) y plusvalía para evitar especulación, y una nueva tasa para las operadoras de telefonía móvil por su aprovechamiento del dominio público”, según Fernando Fernández Lara.

Los dos primeros incrementos supondrán 340.000 euros más de ingresos para las arcas municipales, y la nueva apuesta de este gobierno por el cobro a las grandes operadoras que aprovechan nuestro suelo, puede suponer entre 1,5 y 2 millones de euros.