Redaccíón- E.G.S-S) Según relata la noticia del Diario EL MUNDO, La UCO considera que los involucrados en este asunto -entre los que también hay ex concejales, asesores jurídicos del Consistorio y un ex director general de Industria-, pueden haber incurrido en delitos contenidos en el título XIX del Código Penal que es el que corresponde al cohecho y a la prevaricación. El informe describe el funcionamiento de una máquina engrasada para manipular concursos y comprar voluntades.

Este presunto caso de corrupción se produce cuando Cofely, la empresa que asesoraba David Marjaliza, el cerebro de la trama Púnica por la que también está en prisión el ex dirigente popular Francisco Granados, aspira a ser contratada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Su primer paso fue el acceso al alcalde por parte del ya citado Pedro García, director de Mercado Público en Cofely. En uno de los correos electrónicos entre dos de los investigados a los que ha tenido acceso EL MUNDO se puede leer: «Hablado con el jefe (supuestamente el entonces alcalde). Si la oferta está bien planteada, no hay de qué preocuparse… Está clara la preferencia y las instrucciones están dadas». Y en otro de los mensajes : «Hemos estado con el alcalde Bartolomé en varias ocasiones, contamos con colaboradores externos… ya tenemos los pliegos muy avanzados…contamos con todas las bendiciones para ganar».

Una vez ganada la voluntad del alcalde, el informe describe cómo García se reúne conFernando García Rubio, el asesor jurídico del Ayuntamiento que tenía que elaborar el pliego de condiciones y colabora con éste «en la inclusión de unos criterios de adjudicación que aportaron al proceso un alto nivel de arbitrariedad y discrecionalidad… en beneficio de la mercantil Cofely». La UCO sostiene que, este asesor, a su vez, recibió, presuntamente, más de 40.000 euros por dos colaboraciones de dos de sus empresas con Cofely.

El gerente del Instituto de Planificación, David Larrazábal, por su parte, elaboró un pliego técnico oficial «prácticamente coincidente» con el que Cofely le había remitido. Cuando el órgano de contratación desestimó la oferta de Cofely, Marcelo Isoldi, el concejal de Proyectos, impulsó que se realizara un informe externo que aconsejara su puesta en marcha. Elena Santana, directora del Área del régimen Jurídico, propuso tres empresas estrechamente relacionadas con Cofely para que elaboraran dicho informe. Y hasta Carlos López Jimeno, el director general de Industria de la Comunidad de Madrid, intervino para desbloquear el contrato. Uno de los dirigentes de Cofely, Constantino Álvarez, asegurará: «El DG de Industria nos ha ayudado para conseguir el contrato de Alcalá de Henares. Yo se lo pedí».

Los investigadores sostienen que Construcciones y Reformas de la Peña es una empresa que Marjaliza «utilizaba» para «la emisión de facturas falsas o con precios incrementados artificialmente». En el caso de Alcalá, fue emitida una factura «para la realización de diversas obras en instalaciones municipales por importe de 60.000 euros sin IVA». Pero añaden: «En la copia del libro de empresas subcontratadas por Cofely aportado por dicha empresa al Ayuntamiento, no figura en la relación de subcontratadas y los conceptos recogidos en el presupuesto no se corresponden con los trabajos que realmente fueron realizados».