El Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Alcalá de Henares ha admitido a trámite la demanda de conciliación que presentó Marcelo Isoldi, presidente en funciones del PP y concejal en el Ayuntamiento complutense, acto jurídico previo a la interposición de una querella criminal contra el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios (PSOE) por presuntos delitos de calumnias e injurias. Rodríguez Palacios ya ha sido citado por el juzgado, al que tendrá que acudir la próxima semana para demostrar o retractarse  de las “acusaciones de extrema gravedad” que el regidor manifestó en SER Henares y Onda Cero Alcalá el pasado 23 de febrero.

En sendas entrevistas radiofónicas a raíz de la petición de la UCO de documentación sobre la contratación de Cofely por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Rodríguez Palacios atribuyó a Isoldi “la condición de parte en la supuesta trama orquestada para la adjudicación irregular de un contrato público”, manifestaciones que el presidente en funciones del Partido Popular de Alcalá de Henares considera un “atentado al honor”.

No el único frente abierto que tiene el alcalde socialista. El Grupo Municipal Popular y el PP de Alcalá estudian ejercer acciones judiciales contra la irregular convocatoria del Pleno de presupuestos por parte del primer edil. El alcalde convocó la sesión de forma “extraordinaria y urgente” sin poder justificar, como determina la normativa, dicha urgencia.

Conciliación previa a la querella criminal contra el alcalde socialista

En la demanda de conciliación por la que el juzgado ha citado al alcalde socialista se expresa que el presunto delito de calumnias e injurias por parte de Javier Rodríguez se produce cuando el actual alcalde atribuye a Isoldi “la adopción de acuerdos ilegales” para la concesión de contratos a Cofely y, “especialmente, la ejecución de actos para alterar el normal desarrollo del expediente de contratación a favor de la empresa Cofely, siendo que con esas declaraciones el señor Rodríguez Palacios confunde y tergiversa sin escrúpulos la realidad, ya que (…) no existe dato objetivo alguno que permita siquiera insinuar la participación del señor Isoldi en cualesquiera ilícito penal”.

En la demanda para el acto de conciliación, previa a la presentación de la querella, se considera que “la grave imputación de identificar a Isoldi con los investigados” y con una “actividad ilícita” dirigida a “favorecer a un determinado contratante” tienen como única finalidad “perjudicar la imagen pública del demandante” (Marcelo Isoldi). Son declaraciones públicas de un carácter “absolutamente injurioso y calumnioso” manifestadas sin pruebas; esta conducta de Javier Rodríguez Palacios debe dar lugar “a la inevitable responsabilidad que se desprende del gravísimo daño que han producido” al atribuir a Isoldi “la condición de parte en la supuesta trama orquestada para la adjudicación irregular de un contrato público”.

Por todo ello, se insta a Javier Rodríguez Palacios a que se retracte de sus afirmaciones e insinuaciones y pida públicamente disculpas a Marcelo Isoldi por el daño causado a su derecho al honor.