El Ayuntamiento de Alcalá presidido por Javier Rodríguez (PSOE) inició a propuesta del edil de Medio Ambiente, Alberto Egido (Somos Alcalá) un procedimiento para rescindir el contrato a la adjudicataria de la gestión del Centro Integral Municipal de Protección Animal, CIMPA. Ahora hemos sabido que la Junta de Gobierno ha tenido que resolver el expediente sin sanción alguna, puesto que no se acreditan irregularidades que afecten al bienestar animal y que justifiquen dicha medida.

Por ello, el PP de Alcalá de Henares, al que además se hizo responsable de las presuntas irregularidades sin demostrar –el contrato público se desarrolló durante el gobierno del PP-, exige a Egido “disculpas públicas por el daño causado al Partido Popular y a la propia empresa adjudicataria, y responsabilidades políticas por la negligente instrucción del expediente”, ha manifestado Marcelo Isoldi, concejal del PP portavoz en materia de Medio Ambiente.

“Las prisas de Egido por someterse a las presiones de quienes sin pruebas contrastadas clamaban contra la gestión del Centro de Protección Animal dio lugar a la instrucción del expediente se encomendara a una persona que podía ejercer dicha función, una gravísima infracción de procedimiento que habría anulado cualquier decisión que se adoptara”, ha explicado Isoldi.

Tras solventarse esas deficiencias administrativas que pusieron en riesgo toda la instrucción, el expediente para “rescindir el contrato” que anunció el propio Ayuntamiento, concluye que no hay razones para tal medida y sólo se acreditan mínimas irregularidades que en nada afectan al bienestar animal.

En definitiva, ha concluido Isoldi, “estamos ante una utilización vergonzante y lamentable del estado en el que llegan algunos perros al Centro de Protección Animal para desacreditar la adecuada gestión que realizó el Partido Popular de este servicio municipal”.