Escrito por Rosa María García y publicado en la Información de Madrid el 29 de Octubre de 1994

Esposa e hijos consideran que se vulneró su honor

La familia del alcalde de Alcalá, Florencio Campos, ha interpuesto una demanda civil de protección al honor contra tres concejales del Partido Popular, quienes denunciaron a la esposa del alcalde, Josefina Pavón, y a sus tres hijos mayores, por unas supuestas irregularidades cometidas en las elecciones generales del 5 de junio de 1993.

La familia Campos Pavón considera que el presidente de la Junta Gestora del PP, Bartolomé González, la portavoz popular en el Ayuntamiento, Esther García, y la concejala y ex presidenta local del PP, Rosalía Rodríguez, vulneraron su derecho su derecho al honor durante la conferencia de prensa en la que se les acusó de haber cometido delito electoral.

El PP presentó en junio de 1993 una denuncia en el juzgado de instrucción número 5 de Alcalá contra Josefina Pavón Pérez por constituir presuntamente dos mesas como interventora del PSOE, y contra David, Rodrigo y Clara Campos, hijos de Florencio Campos, por haber votado dos veces en las mesas electorales en las que también actuaban como interventores del mismo partido.

 

Los ‘populares’ les acusaron de haber votado dos veces

en las elecciones generales

 

Según los denunciantes, de las actas electorales se deducía que los hermanos Campos Pavón aprovecharon su condición de interventores para votar dos veces en mesas diferentes; una en la que figuraban como votantes y otra en la que actuaban como interventores.

La denuncia fue sobreseída y archivada por la Audiencia Provincial, tras haber sido desestimados todos los recursos presentados por los demandantes.

La esposa y los tres hijos mayores del alcalde de Alcalá consideran que los concejales populares cometieron una intromisión ilegítima en su derecho al honor, al vulnerar un derecho fundamental. Por esta razón, ahora la familia Campos Pavón pide, a través de la demanda civil interpuesta, que los ediles del PP sean condenados a reparar el daño moral causado, para lo que piden una indemnización y que la sentencia sea publicada en diversos periódicos.

Los conservadores de la localidad han evitado hacer comentario alguno porque, según Esther García, portavoz del PP. “somos muy respetuosos con la acción de la justicia. Cuando ésta resuelva -explica García- entonces habrá tiempo para hacer valoración, incluso política”