Avendaño: “Me parece un escándalo que, en plena campaña electoral, el Partido Popular apruebe modificaciones urbanísticas y blinde contratos”

 El Portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia (UPyD) en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Anselmo Avendaño, ha anunciado que revisarán la legalidad de las últimas decisiones tomadas por la Junta de Gobierno Local, presidida por Javier Bello, entre las que se encuentran la modificación puntual del PGOU que afecta a la urbanización ilegal “Pico Valsarón” y la modificación de las condiciones que rigen la concesión administrativa del servicio de instalación y mantenimiento en la vía pública de carteleras publicitarias. Se da la circunstancia de que, como ya denunció UPyD hace semanas, la empresa concesionaria de este contrato, Arpinum, pertenece a los mismos propietarios del Diario de Alcalá.

En este sentido, Avendaño, también anunció que una de las tareas para la próxima legislatura será conseguir toda la documentación que se ha solicitado a Javier Bello y que este, se ha negado a entregar. Especialmente, todo lo relacionado con la Comisión de Investigación aprobada en el Pleno Municipal y no constituida, sobre la presunta ayuda de Javier Bello a los propietarios del Diario de Alcalá, para que pudieran burlar embargos de Hacienda por importe superior al medio millón de euros.

Avendaño ha declarado que “el Partido Popular quiere salir del gobierno municipal haciendo gala de los mismos malos modos que ha empleado durante toda la legislatura. No es de recibo que se tomen decisiones de ciudad sin el mínimo consenso, o que se blinden contratos sin un mínimo estudio económico serio, con el agravante de hacerlo en plena campaña electoral. La presencia de más concejales de UPyD en el Ayuntamiento impedirían este tipo de practicas claramente irregulares.

UPyD dio a conocer ayer que, gracias a sus denuncias, un juzgado de Alcalá de Henares, a instancia de la Fiscalía, ha abierto diligencias para determinar quienes son los responsables de los pagos irregulares efectuados por el Ayuntamiento a diversos medios de comunicación local, por inserciones publicitarias y propaganda, entre los que se encuentran el digital Diario de Alcalá y el semanario Puerta de Madrid. Además, el Ministerio Fiscal, ha pedido que los órganos de control municipales elaboren un informe detallado sobre dichos pagos.