(Editorial) Este es el mensaje con el que los antiguos videojuegos ponían punto y final a una partidilla en la que cualquier pringadillo, podía sentirse extrapolado de su día a día convirtiéndose en un ente virtual – comecocos, luchador, deportista etc-. El tiempo de duración de la partida dependía de la destreza personal, o del dinerillo de cada uno. El momento no ha podido ser peor, porque este Domingo los alcalaínos acudiremos a las urnas meditando que políticos merecen nuestra confianza.

Si a  Javier Bello le ha llegado su particular “Game Over”; – ese contra el que lleva luchando toda la legislatura-, lo dirá la justicia en un periodo de tiempo que podrá ser largo o corto. Sería absurdo que cualquier instancia judicial archivase un asunto como éste porque la cosa traería su miga, máxime cuando en el inicio de la actuación ha estado presente el Ministerio Fiscal.

A partir de ahora se inicia un procedimiento en el que será el titular del Juzgado de Instrucción nº6 de Alcalá de Henares,  el responsable de instruir y evaluar si los pagos efectuados a determinados medios de comunicación de la ciudad, se ajustan o no a la legalidad establecida.

Anselmo Avendaño y Ricardo Rubio han sido los denunciantes, y ahora habrá que ver si han estado acertados en su denuncia; aunque mal futuro judicial se vislumbra para Javier Bello y su equipo de gobierno, que han insistido una y otra vez en aprobar unos gastos que han sido “reiteradamente reparados” por el interventor – es decir, un gasto que el interventor ya ha considerado como no ajustado a derecho-

A modo de recordatorio,  tenemos que decir que fue el informe de la Cámara de Cuentas – que analizó las cuentas del municipio complutense correspondientes al año 2010-, el que destapó el «Modus operandi» de los pagos en publicidad. Ese informe estableció – para poder ser fácilmente comprendido-, que un gasto continuado en el tiempo, -1 año- tenía que ajustarse a lo establecido en la ley de Contratos del Estado para cuantías superiores a 30.000€ – si las excedía como es el caso-. Ese procedimiento – el que la Cámara de Cuentas considera imprescindible- establece una  serie de pautas que permitan garantizar que los intereses de los ciudadanos serán respetados.

Por debajo de ese importe -30.000€ anuales – y motivado por la pequeña cuantía que supone para las administraciones públicas, los gastos podrían asignarse sin la concurrencia de esas garantías jurídicas, conforme a un procedimiento mucho más simple que permite el arbitrio – en este caso- de la Junta de gobierno local, compuesta por Javier Bello y buena parte de los ediles populares.

Es el informe de la Cámara de Cuentas, el que pone el cronómetro a 0, y alerta con respecto a esos gastos, porque con anterioridad a esta auditoría, no existía un criterio jurídico definido sobre el procedimiento que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares debía seguir para sus gastos en publicidad Institucional. El informé incidió de manera expresa sobre la irregularidad de esos pagos.

Bello y su Junta de Gobierno, han tenido delante de sus narices tanto el informe de la Auditoría de la Cámara de Cuentas, como los “Reparos” del interventor, que siempre ha puesto una coletilla sobre cada una de las partidas destinadas al efecto, y pese a todo eso, la Junta de Gobierno ha seguido aprobando una y otra vez, estos polémicos gastos.

Ahora el interventor, tendrá que acreditar ante el Juez de Instrucción nº6  la idoneidad o no de los pagos que él mismo ya entrecomilló. Si esto es así, ¿Por qué no fue el propioInterventor el que denunció ante la Fiscalía estos gastos? – gastos que según el mismo no se ajustaban al criterio  establecido por la Cámara de Cuentas-.

Serán la justicia, y un largo periodo de tiempo que acompañará a la Instrucción del sumario, los encargados de aclarar si el camino utilizado por Bello, ha sido el correcto o no.