El Alcalde contrata con dinero municipal un bufete de abogados para intentar parar una posible imputación por prevaricación administrativa

 La Junta de Gobierno Local celebrada el 23 de marzo pasado aprobó, por unanimidad de sus miembros, una propuesta presentada por la Concejala Delegada de Hacienda, para contratar con dinero municipal los servicios de un bufete de abogados “muy especializado en materia de derecho penal” para “prevenir posibles actuaciones innecesarias por parte del juzgado”, y “evitar en la medida de lo posible la continuación de la causa a través de la solicitud del archivo de la misma”. Dicho acuerdo incluye el asesoramiento legal a algunos de los miembros de la Junta de Gobierno Local, en caso de existencia de indicios de criminalidad, derivados de su comportamiento a título personal, lo que les obligaría a declarar ante el juez en calidad de imputados.

El citado acuerdo establece la autorización y disposición de un pago por importe de 10.890,00 euros a favor de Rodríguez Ramos Abogados, SLP. Entre los términos del contrato se incluyen la realización de diversas gestiones ante la fiscalía y la asistencia letrada ante posibles declaraciones y en el juzgado.

El portavoz de UPyD, Anselmo Avendaño, ha declarado que “Javier Bello está usando dinero de todos los alcalaínos, es decir dinero público, para tratar de evitar su responsabilidad personal –y la de varios concejales miembros de la Junta de Gobierno local– en los procedimientos judiciales en curso por presuntas irregularidades en la contratación municipal con diversos medios de comunicación. La aprobación de este gasto por parte de la Junta de Gobierno, muestra el nerviosismo de aquellos que permitieron con su firma los pagos irregulares ahora investigados”. 

Como se recordará, UPyD presentó una Acción Pública ante el Tribunal de Cuentas denunciando estas irregularidades, gracias a la cual, su Sección de Enjuiciamiento dictaminó que “se ha puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas la existencia de hechos en los que se ha omitido, con reiterados informes en contra de la Intervención Municipal, la aplicación del procedimiento de contratación legalmente exigible, lo que puede suponer un supuesto de fraccionamiento de contratos prohibido por la ley, y que pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa”. Posteriormente, dio traslado a la denuncia presentada por UPyD “a fin de que tales hechos puedan ser puestos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Madrid para la depuración de tales indicios de responsabilidad penal”