Entre los actos organizados destaca el llamamiento a la movilización mundial, el próximo 18 de abril, frente a una de las mayores traiciones perpetradas en contra de la ciudadanía que se está fraguando a la sombra del mencionado tratado. En el marco de esta respuesta coordinada se llevarán a cabo diversas actividades informativas y reivindicativas ante un acuerdo claramente lesivo contra los intereses de la mayoría, que atenta contra la democracia, perjudica a los débiles en favor de los poderosos y que, además, representa la pérdida de la soberanía nacional y la eliminación de nuestros derechos fundamentales. Destrucción de puestos de trabajo, restricción de derechos civiles, aumento de la precariedad laboral, más paro y exclusión social.

Estas son sólo algunas de las consecuencias que traerá la firma del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) que los representantes políticos de ambos lados del Atlántico están negociando en secreto, con el silencio cómplice de los grandes medios de comunicación al servicio de las grandes multinacionales. Bajo la máscara de un nuevo modelo para el libre comercio -que se presenta con la promesa infundada de aumentar el número de empleos- en realidad se está negociando el intento, por parte de las empresas transnacionales, de abrir y desregular los mercados a favor de sus intereses. Tanto PP como PSOE ya han mostrado su disposición para promover la implantación del TTIP en nuestro país.

A pesar de toda la maquinaria mediática puesta en marcha por el poder para favorecer el silencio en torno a este asunto, que se está desarrollando a espaldas de los ciudadanos, ya se conocen los auténticos efectos que ofrecerá como producto de llevarse a cabo el acuerdo. La pretensión de las grandes compañías transnacionales es reforzar su poder frente a las decisiones democráticas de los Estados. Se trata de crear un espacio privilegiado (mayor del que actualmente ocupan) y situarlo por encima de las estructuras gubernamentales de los países. Este movimiento beneficiará a los especuladores y a las élites extractivas porque les da vía libre para apropiarse de los bienes comunes a costa de los derechos de la ciudadanía. Entre otras cuestiones, estas empresas se garantizan los beneficios con el dinero de los ciudadanos, ya que podrán conseguir indemnizaciones multimillonarias.

También limitarán las decisiones que puedan tomar los Estados de forma democrática, modificando legislaciones nacionales que afecten a los beneficios de los especuladores. Así, las transnacionales tendrán formalmente el mismo status jurídico que los Estados. Por añadidura, se instaurarán tribunales privados para juzgar a los Estados por demandas de las transnacionales. Trabajadores (autónomos y por cuenta ajena), Pymes, agricultores y ganaderos, usuarios de la sanidad, educadores, industriales y, en definitiva, toda la ciudadanía está llamada a luchar contra uno de los mayores atentados del que pueden ser objeto con consecuencias gravísimas para sus vidas y sus empresas. ¡No faltéis a la cita con vuestro futuro!