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También alerta sobre las deficiencias y la falta de control en la contabilidad de Alcalá Desarrollo

 El portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia (UPyD), Anselmo Avendaño, ha desvelado que el Interventor Municipal, a través de un informe entregado a los distintos Grupos Políticos, reconoce desconocer el destino de los ingresos obtenidos mediante la venta de parcelas municipales, por un importe de 1.076.804,90 euros. Además, alerta sobre la falta de herramientas de control en la contabilidad privada utilizada por el ente Alcalá Desarrollo, que por el contrario, si existen en la contabilidad pública del Ayuntamiento. En este sentido, el Interventor recuerda que en el Ayuntamiento existen “proyectos de gasto con financiación afectada”, los cuales permiten el seguimiento puntual y el grado de ejecución de este tipo de ingresos extraordinarios, lo que no existe en el citado ente.

Por último, el Interventor recomienda seguir el criterio de la Cámara de Cuentas de Madrid, para que los estatutos de entidades como Alcalá Desarrollo “incluyan trámites para el control y el seguimiento de la gestión y administración de los recursos del patrimonio municipal del suelo incluido en el registro de explotación, identificando aquellas actuaciones de inversión que se van a realizar y, si es posible, con que recursos patrimoniales se van a financiar”.

Avendaño ha declarado que “este informe confirma lo que venimos denunciando desde hace tiempo, que Alcalá Desarrollo es utilizado por PP, PSOE e IU para evadir los controles mas rigurosos que existen dentro del propio Ayuntamiento. Todo indica que se está vendiendo patrimonio municipal de tapadillo para mantener un ente ruinoso donde falta transparencia y abunda el enchufismo. Nos preocupa la situación económica de Alcalá Desarrollo que nos podamos encontrar después de Mayo”.

Conviene recordar que UPyD ya denunció en el año 2013, que en las cuentas de Alcalá Desarrollo correspondientes al ejercicio 2012, se incluían saldos deudores sin justificar por importe superior al medio millón de euros. Tras negarlo repetidamente el Equipo de Gobierno del Partido Popular, dichos saldos deudores tuvieron que ser regularizados en las cuentas del año siguiente porque, efectivamente, no existían.