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El Salón de Actos de la Casa de Socorro acogió el viernes un interesante encuentro sobre Sanidad en el que participaron Marciano Sánchez (Secretario de Organización de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública); Luis Esteban (Vicepresidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C) y Félix Bejarano (trabajador del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid). Los ponentes ofrecieron una visión de la preocupante realidad que define a la Sanidad en nuestra Comunidad, y expusieron las amenazas que planean sobre ella, basadas en políticas mercantilizadoras, que la llevan de un modelo de servicio público y beneficio social, a otro de negocio privado.

El gran negocio de la salud Marciano Sánchez repasó la evolución del sistema sanitario desde que en 2001 se transfirieron las competencias a las comunidades autónomas. Algo que dio lugar a la progresiva desfinanciación del mismo, resultado tanto de una voluntad política como de la deficitaria transferencia de recursos. Esto ha provocado un descenso continuado de la asignación económica (entre 100 y 150 € al año por habitante) hasta la actualidad. A ello hay que añadir la implantación de un marco legal más tolerante con las privatizaciones. En este aspecto, Sánchez destacó el caso de instituciones sin ánimo de lucro puestas en manos del negocio privado (como la Fundación Jiménez Díaz), la introducción de “iniciativas de financiación privada” (PFI) para la construcción de centros públicos que posteriormente son explotados por empresas privadas, o los casos en que la gestión pública ha sido desplazada por fórmulas mixtas y concesiones administrativas a empresas privadas.

El nuevo modelo sanitario se completa con una desaparición de los órganos de participación de profesionales, sindicatos y usuarios. Su implantación supone la exclusión de colectivos (extranjeros inmigrantes y cualesquiera emigrantes – excepto misioneros religiosos-), los recortes en la cartera de servicios (en la que algunos pasan a considerarse “complementarios” y se someten a co-pago), la supresión de fármacos financiados (“medicamentazo”), recortes presupuestarios en la sanidad pública para derivarlos a la privada, privatizaciones de servicios auxiliares (lavanderías, etc.), desmantelamientos de hospitales públicos de referencia (La Princesa) etc.