Pilar Fernández, portavoz del grupo municipal Izquierda Unida, está efectuando un seguimiento de las últimas contrataciones realizadas por el ayuntamiento en aplicación del PIL. “Estamos ya a día 14 de enero y lo primero que nos llama poderosa y negativamente la atención es que las 193 personas contratadas se encuentren de brazos cruzados en dependencias municipales. Seguramente, los primeros extrañados sean ellos mismos, que nunca pensaron que se iban a encontrar en esta inexplicable situación.”

El 22 de diciembre del pasado año, nuestro alcalde, el Sr. Javier Bello, firmaba a bombo y platillo la contratación de 193 alcalaínos como consecuencia de la aplicación del Plan de Inserción Laboral para desempleados de larga duración (PIL).

Desde el inicio del procedimiento, la actuación del ayuntamiento no ha estado exenta de críticas realizadas tanto por los grupos municipales de la oposición como por un gran número de desempleados de la ciudad, que denunciaban opacidad y falta de transparencia durante el procedimiento. “Los reproches se han dirigido, sobre todo, a todo lo relacionado con la publicación de los requisitos necesarios para poder optar a uno de estos puestos de trabajo, que si bien son para los próximos 9 meses sin posibilidad de prórroga, no es menos cierto que supondrán un gran alivio para la situación por la que estaban atravesando estas familias”.

Sin embargo, y en opinión de IU, no sólo es suficiente con que estas personas hayan sido contratadas durante este periodo de tiempo. También es exigible que desarrollen su labor con dignidad desde el primer día, “por lo que exigimos al equipo de gobierno que facilite y procure a todos estos trabajadores los medios necesarios para iniciar tanto su formación como la realización de los trabajos para los que fueron contratados”.

No podemos entender, y seguramente ellos menos que nadie, que 53 trabajadores se pasen la mañana en una sala del Parque Municipal de Servicios sin hacer absolutamente nada o, que sus compañeros, en otros departamentos, lleguen, firmen, y se les envíe a sus casas.

Izquierda Unida exige que se ponga fin de forma inmediata a esta situación. “Desde luego, no nos queremos ver en la obligación de tener que comunicar y denunciar estos lamentables hechos ante la Dirección General de Empleo de la Comunidad de Madrid”.