En estos tiempos de recortes y pretendida defensa de “lo público”, observo contradicciones que lejos de afianzar un sentimiento de confianza por lo público, me crea incertidumbre.

Soy un convencido de la Sanidad Pública y no tengo duda que en los asuntos más graves, ofrecen más medios y priman más la salud, sin importar su coste, más allá de valoraciones más mercantilistas.

Encuentro una primera contradicción cuando y a pesar de su “teórica” defensa de lo público, algunos empleados públicos, cuando tienen la opción y la ocasión, se acogen mayoritariamente al sistema privado de salud, optando por compañías sanitarias privadas antes o en el mejor caso a la vez, que por la Seguridad Social, baste acudir a ciertas salas de espera para ver la afluencia de personas con la condición de empleado público,- sin ir más lejos ¿dónde han intervenido y hecho revisiones “rutinarias” a Su Majestad, el rey D. Juan Carlos?.

Parece por tanto, que una cosa es predicar y otra dar trigo,  ¿por qué los sindicatos tan reivindicativos con la función pública, no plantean con mayor fuerza la necesidad de acogerse a la sanidad pública?, de acuerdo, me dirán que se trata de justos conciertos y que libremente eligen, pero ahí esta concretamente el quid, de la cuestión puestos a elegir, los funcionarios se decantan en número considerable por la atención privada sobre la pública.

Con la Educación sucede algo muy parecido, una competencia que, en mala hora fue  transferida a las Comunidades Autónomas, ¿qué sucede con los colegios privados y concertados? ¿acaso no son igualmente elegidos por los empleados públicos para sus hijos?.

He mantenido en distintos foros mi falta de dogmatismo en  relación a si un servicio público debe o no ser prestado por agentes privados, como ejemplo diré que me resulta indiferente si los servicios de limpieza de mi ciudad se prestan por funcionarios o por contratas, siempre que estos, se realicen de forma adecuada y como contribuyente, ante una igualdad en lo que a obtención de resultados, prefiero aquello que suponga una menor inversión de mis tributos, pues así asegura, en definitiva mayor eficacia y eficiencia en la gestión o dicho coloquialmente mayor calidad a menor coste.

Convendría una reflexión sobre el futuro de la Función Pública ante un necesario cambio de mentalidad, para poder aproximarnos al concepto de “Public Service” anglosajón frente al decimonónico concepto de funcionario versus administrado.

No deseo ser ningún administrado, tengo edad suficiente para administrarme solo, pero sí deseo unos servicios públicos “esenciales” adecuados, prestados por personas con vocación y formación, pues mas allá del chiste fácil del funcionario, al que reconozco su trabajo (soy hijo y esposo de empleado público), no es menos cierto, en mi modesta opinión, que debe existir un gran componente vocacional de abnegado  servicio antes que una simple forma de “solucionarse la vida”.

Acceder a la Administración no puede suponer una meta, por muy dura que resulte la oposición, sino, al contrario, el comienzo de una carrera de entrega al bien público. La oposición es la forma objetiva elegida, y no siempre la más idónea, conviene señalarlo también, para cubrir una vacante, y no es la única forma ni tampoco la mejor para dar cumplimiento a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Son muchas las ocasiones en las que la Administración acude a contratar profesionales fuera del ámbito público, nuestro propio ayuntamiento contrata abogados, arquitectos, consultores, etc, para el desarrollo de algunos trabajos cuando en su plantilla cuentan con estos profesionales, y paradójicamente son ellos mismos los que provocan estas contrataciones en numerosas ocasiones.

Soy de la opinión de que la Función Pública en España en la actualidad esta muy sobredimensionada, partimos de una organización administrativa anticuada sobre la base de más de ocho mil ayuntamientos de los que apenas el 2 % supera los cincuenta mil habitantes, en unos tiempos en los que las comunicaciones y  tecnología abren de forma inmediata la globalización de todo contacto.

Frente a ese modelo, en nuestro entorno existen sistemas donde los políticos locales siguen otra línea  circunscribiéndose a una función más representativa y honorífica, limitando sus funciones al debate y toma de decisión en ámbitos de competencias previamente tasados, poniendo la gestión propiamente dicha, en manos de empleados públicos altamente cualificados, independientes y sometidos a efectivos y verdaderos controles periódicos.

En España se ha creado la profesión de político desde los primeros niveles de la administración y la experiencia nos dice que ello no es garantía de mejor servicio al ciudadano que, por otra parte se maleduca por la propia clase política en una permanente subasta de busqueda del voto al viento del estado del bienestar, que termina por convertirnos en sujetos a la espera de que el Estado asistencial nos solucione la vida, pero no todo vale, el ciudadano, que no el súbdito-administrado, debe ser consciente que el servicio público tiene un precio que necesariamente tiene que pagarse y que el estado del bienestar no puede ni debe justificar abusos amparados en buenismos y en lo políticamente correcto.

En resumen, quiero finalmente señalar que España necesita una transformación administrativa profunda, con un modelo realista y sensato, sin dogmatismo, diferenciando que servicios deben ser atendidos por funcionarios y que servicios se pueden prestar sin atender a este condicionante, el secretario general de un ayuntamiento o su interventor deben tener la autoridad y condición de funcionario, la persona que recibe un trámite en un mostrador o que procesa administrativamente un expediente no considero que sea condición indispensable tener tal condición, sencillamente será necesario que sepa hacer bien su trabajo y la experiencia demuestra que esto no lo garantiza una oposición ni un puesto vitalicio, así  por ejemplo en el modelo norteamericano en el que sus militares son contratados temporalmente (en un porcentaje entorno al 90 %) y no podemos decir que su eficacia y servicio sean de peor calidad, bien al contrario, desempeñan sus funciones y rendimiento sabedores que su continuidad depende de su trabajo diario, con independencia de saberse mejor o peor un temario solo indica eso, que se tiene capacidad para memorizar pero no que sea la persona más idónea para dar un mejor servicio a todos los ciudadanos. En definitiva será mejor atacar los defectos del sistema, mantener y mejorar sus virtudes, pues la realidad es siempre más tozuda que las ideas y al final suele terminar imponiendose de la forma más dolorosa.

Luis Vargas Mendez es abogado del ICAAH y ha sido Concejal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

 

 

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